Exige fracción de Morena que FEPADE investigue asesinato de comunicadora en Juchitán

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Rebeca Luna Jiménez

Mediante un punto de acuerdo aprobado por los miembros de la diputación permanente e impulsado por la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la LXIII Legislatura, Paola Gutiérrez Galindo, se exigió un alto a la inseguridad y la violencia política que se está viviendo en el actual proceso electoral, además de condenar el triple homicidio en Juchitán de Zaragoza ocurrido la madrugada del sábado pasado, y en el cual perdieron la vida la candidata del PRI a segunda concejal, Pamela Terán, la comunicadora María del Sol Cruz Jarquín, y el ciudadano Adelfo Guerra.

Durante entrevista con representantes de medios de comunicación en las instalaciones del Congreso del Estado, la coordinadora de la fracción morenista dijo que tiene que haber una investigación por parte de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) para deslindar responsabilidades en el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, jefa de prensa de la Secretaría de Asuntos Indigenas (SAI), quien, según señalan familiares y amigos, fue obligada por el titular de la dependencia, bajo amenaza de perder su empleo, a cubrir actividades proselitistas del candidato priista a Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Hageo Montero.

Gutiérrez Galindo aseguró que lamentablemente tuvo que haber tres perdidas humanas para que se destapara la cloaca de violaciones a la ley electoral y desvío de recursos por parte del Gobierno Estatal, más concretamente del ahora  extitular de la SAI, Francisco Montero, quien es señalado de haber comisionado a María del Sol a cubrir la campaña de su hermano, Hageo Montero.

“La renuncia de Montero como titular de la SAI no es suficiente, de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y el Ministerio Público están obligados a realizar la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades, sin distingos y caiga quien caiga. Por eso, de comprobarse que Montero obligó a su subordinada para que participara o cubriera eventos proselitistas de campaña, beneficiando a un partido político en específico, deberá ser sancionado con la pena máxima aplicable a esos delitos que puede ser pena de prisión, multa e inhabilitación”, concluyó la legisladora.