Conceptos y Decisiones COMBATE A LA CORRUPCIÓN

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Adán Córdova*

El tema de mayor interés en la sociedad después de la inseguridad es la corrupción, su complejidad y los múltiples impactos negativos que genera ha permitido elevarle a prioridad en el colectivo público lo que ha exigido su inserción en las agendas gubernamentales de los diferentes niveles.

Una serie de reformas a nuestra Carta Magna publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción con el objeto de ser la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; y bajo las consideraciones del artículo 116 se da origen a los Sistemas Locales Anticorrupción.

Con base en la reforma constitucional, se constituye en enero del 2017 el Comité de Participación Ciudadana que mediante su presidenta en turno es quien encabeza los trabajos del Comité Coordinador que está integrado además por los titulares o presidententes de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y un representante del Consejo de la Judicatura Federal, estructura que se refleja en la integración de los sistemas estatales con sus homólogos locales.

Por la falta de integrantes, el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en proceso de construcción, aun con las limitantes de origen han realizado trabajos y aprobado acciones, pero las ausencias no permiten operar como debería hacerlo, una antinomia a lo que en el discurso se ha expresado como prioridad por parte del ejecutivo federal.

En lo local hasta este día, de las 32 entidades del país 21 cuentan con todo el andamiaje jurídico completo, 26 tienen comité de participación ciudadana, 22 ya instalaron su Comité Coordinador, pero sólo 16 se encuentran operando con todos sus integrantes entre los que se encuentra el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca.

A pesar de la numeralía, se han realizado diversas encuentros para definir acciones que permintan el combate a la corrupción a nivel nacional, como ejemplo durante las últimas semanas se realizaron actividades en estados como la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Guerrero, lo que expresa el interés de los sistemas locales por avanzar.

La sanción de los actos de corrupción y el castigo a los culpables han sido, hasta hoy, los actos de mayor interés –bajo la consideración de que es lo prioritario para la comunidad- a pesar de los procesos iniciados y las detenciones realizadas, poco o nada han cambiado las percepciones del colectivo sobre el gobierno, las instituciones, y la impunidad; actos que obligan al cuestionamiento si ¿es lo qué en realidad se necesita para avanzar en el combate a la corrupción? porque nuestras autoridades observan millones en actos de exfuncionarios, pero la recuperación no es tan trascendente, y en algunos casos sólo es de forma enunciativa porque la vida de un ser humano –perdida por algún acto de corrupción- no es cuantificable conforme a su importancia.

La prevención de los actos de corrupción implica hoy una tarea loable porque está centrada básicamente sobre la educación de los futuros ciudadanos y la reeducación de los servidores públicos en atención a una política de integridad sustentada en valores, de ejemplos compartidos no sólo de uno sino de varios actores institucionales, quienes encabezan estos esfuerzos.

Cierto es que se ha vuelto necesario que se sancione a quienes participaron en actos de corrupción en el pasado para no incrementar las percepciones de impunidad, pero lo prioritario y trascendente es que no se vuelvan a cometer, que dejen de ser normales, que no se sigan tolerando o que no se castiguen, si avanzamos en esta dirección nuestras próximas generaciones se referirán a esta etapa como la que se abocó a la prevención en valores y no en el incremento de penas y sanciones.
(*) El autor es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca. Egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y realiza estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de las Universidad Autónoma de Tlaxcala.