Mineras responsables de 22 casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas

0
55
  • Exigen comunidades cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera

Rebeca Luna Jiménez

Comunidades indígenas de Oaxaca denuncian asesinatos de personas defensoras, contaminación de los bienes comunes y fractura de las instancias de organización comunitaria como resultado de la actividad minera en el estado

Veintidós casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fueron presentados en el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco
Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca. Las y los representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del estado. Actualmente se encuentran activos en Oaxaca, 41 proyectos mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 en el estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas.

Además, los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas como: el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Uno de los testimonios de mayores afectaciones al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, comunidad donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.

“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez. Exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca y castigo a los culpables por los asesinatos”, exigió Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).

Habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán, por su parte, denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines, que contaminó el Río del Coyote. “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, maestro en administración pública con experiencia en cooperación de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ y Premio Nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

El jurado contó con el apoyo de los peritos, Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (COMAL) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.

Las consideraciones del veredicto final del jurado, fueron:

Adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares; así como estricto respeto de sus Sistemas normativos.
Declarar el estado de Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros.
Cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse otorgado en completa violación de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos;
Suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas;
Derogación de la actual Ley Minera y otras que guardan relación con esta industria; y la aprobación de una nueva ley en el marco de respeto de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.
Garantizar a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.
Creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los Pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.
Cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.